Apuntes para pensar la intervención pública del Estado Social de Derechos

Área: Economía y política de la comunicación
Palabras claves: comunicación, políticas públicas, participación Social
Autor: Hidalgo, Ana Laura
Universidad de Pertenencia: Facultad de Ciencias Humanas (FCH), Universidad Nacional de San Luis (UNSL), CONICET
Contacto: [email protected]; alhidalgo@un

Resumen

El debilitamiento del estado propio de los escenarios neoliberales, -en relación con su capacidad efectiva de aspirar a la consolidación de los derechos de la ciudadanía-, permite evidenciar en la región latinoamericana diversas transformaciones en términos de bienestar en los estados sociales de derecho; diversos intentos por fortalecer institucionalmente los derechos sociales. A priori, se puede reconocer una estrecha relación entre estado social de derecho e intervención social, visualizando dinámicas en dicha vinculación que adquieren en la región un sentido particular y contextual muy rico para el análisis. Al mismo tiempo, la contribución a la consolidación del estado social de derechos debe pasar necesariamente por un planteo inclusivo en términos de políticas de estado; es por ello que la participación social emerge en esta problemática como una de las condiciones de posibilidad para el fortalecimiento de los escenarios democráticos. Irrumpe aquí la participación como enriquecedora de los espacios empobrecidos neoliberales. La construcción de escenarios factibles de participación social emancipadora de los sujetos que pretenda constituir un paradigma real de acción pública, supone la apropiación del sentido a participar por parte de la ciudadanía. En este proceso, allí emerge la comunicación como un proceso social privilegiado capaz de recuperar las matrices culturales de los actores involucrados e enriquecer las miradas de contexto en la construcción de sentidos compartidos. Esto supone no negar el conflicto, sino asumirlo como intrínseco a la dimensión social. Pero también, revela a la comunicación en el mismo proceso participativo.

Introducción

El modelo de políticas públicas distributivas de planificación y protección social consolidadas como reestructuración del capitalismo a fines de la segunda guerra mundial, se conoce como estado de bienestar. Estas políticas se inspiran en el modelo keynesiano e implican una incentivación del consumo de la población activa plenamente empleada; al mismo tiempo, conlleva un importante gasto público en materia de bienestar (salud, educación, seguridad social, entre otros). Las políticas neoliberales contribuyeron al debilitamiento del estado en relación con su capacidad efectiva de aspirar a la consolidación de los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía. La aplicación de estas políticas ha resquebrajado los lazos sociales, ‘resintiendo los colectivos’ en palabras de Vizer: “los individuos y las comunidades pierden la confianza fundamental (en sus instituciones y sus “representantes”), y quedan marcados por la incertidumbre, la inseguridad, la “intemperie” y el sinsentido.” (Vizer. 2003: 16-17). Al respecto, Martín Barbero expresa que los lazos sociales se han atomizado y perdieron simultáneamente su capacidad de aglutinación y convocatoria a participar en proyectos colectivos. esta situación refuerza “la nueva matriz técnico-informacional del orden urbano: la verdadera preocupación de los urbanistas hoy no es que los ciudadanos se encuentren sino que circulen, porque ya no se nos quiere reunidos sino conectados. Es en ese nuevo espacio comunicacional, tejido ya no de encuentros y muchedumbres sino de flujos y redes, en el que emergen unos nuevos ‘modos de estar juntos’ y otros dispositivos de percepción […]” (Martín-Barbero. Mimeo. Pp. 2).
A
hora bien, la contribución a la consolidación del estado social de derechos debe pasar necesariamente por un planteo inclusivo en términos de políticas de estado; es por ello que la participación social emerge en esta problemática como una de las condiciones de posibilidad para el fortalecimiento de los escenarios democráticos, y como un desafío en la complejidad del escenario descripto.
Ciertamente, toda política pública es manifestación de procesos políticos particulares y de desarrollos sociales diversos; pero adquiere su carácter de pública en la medida en que no sólo impulsa una acción de carácter distributivo, redistributivo, regulatorio o constitucional, sino que también la connotación de pública de una política se vincula con el modo en cómo se construye y cómo intervienen en su formulación las agendas públicas nacionales y locales.

Lo público

Las reformas que sufrieron los estado latinoamericanos en las últimas décadas, han introducido la noción de ‘lo público no estatal’, que implica la gestión de privados. sobre todo, estas ideas se han hecho presentes en las reformas neoliberales que atravesaron las políticas educativas. esto supone reducir la noción de ‘lo público’ a un problema de gestión (Feldfeber, 2011), que no es más que instrumentalizar la discusión sobre los alcances de lo público.
De este modo, lo público es percibido por fuera de lo estatal, manifestando su autonomía en su doble relación con los ámbitos de la sociedad civil y de la comunicación. “Desde el pensamiento de H. Arendt y R. Sennet lo público aparece como “lo común, el mundo propio a todos” […]  entre nosotros Germán Rey ha desarrollado esa articulación fundante de lo público entre el interés común, el espacio ciudadano y la interacción comunicativa: circulación de intereses y discursos que lo que tienen de común no niega en modo alguno lo que tienen de heterogéneos, ello es más bien lo que permite el reconocimiento de la diversidad haciendo posible su contrastación.”(Martín-Barbero. Mimeo. Pp. 3). Por tanto, esta ciudadanía está íntimamente relacionada al ‘reconocimiento recíproco’, que implica el ejercicio de los derechos civiles y políticos (dcyp) (derecho a informar y ser informado, hablar y ser escuchado, etc.); pero al mismo tiempo, ese ‘reconocimiento recíproco’ debe poder garantizar condiciones materiales de existencia mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (desyc).
Martín-Barbero menciona que la exclusión se hace evidente en la “desposesión del derecho a ser visto y oído, que equivale al de existir/contar socialmente, tanto en el terreno individual como el colectivo, tanto en el de las mayorías como en el de las minorías.”. Esto indica que existe una estrecha relación entre lo público y lo comunicable.
Por su parte, José Bernardo Toro (2001) sostiene que en democracia, lo público es aquello que conviene a todos de la misma manera. “Por tanto, lo público es más amplio y rebasa ampliamente lo estatal, […] precisamente porque la fortaleza de lo público proviene de su capacidad de sintetizar y representar los intereses, contradictorios o no, de todos los sectores de la sociedad. […] La construcción social de lo público requiere pasar del lenguaje privado al lenguaje colectivo, de los bienes privados a los bienes colectivos, de las perspectivas privadas o corporativas a las perspectivas de nación y colectivas. requiere desarrollar en los ciudadanos formas democráticas de pensar, sentir y actuar; esto es lo que se conoce como cultura democrática.” (Toro. 2001: 20). Es en este sentido, que la acción comunicativa es necesariamente un lugar de encuentro y construcción del sentido compartido: epicentro de reunión entre la comunicación y  la política en tanto que reside en el ámbito definido por Jürgen Habermas como la esfera pública. Por tanto, la comunicación aporta diversos modos de entender lo público, como aquello que viene del pueblo en tanto inclusión, y que al mismo tiempo se opone a lo secreto. (Toro, 2001).
En este sentido, Jamarillo López (2004) entiende que es necesaria una correlación entre “el carácter social que deben tener las políticas de estado con el sentido de lo público, interpretando y desarrollando, por lo demás, el reclamo de Unicef según el cual la política social debe transitar hacia una perspectiva de derechos humanos y libertades humanas, centrada más en las comunidades, con mayor participación de las comunidades, y ubicadas en el ámbito de lo público y no sólo de lo gubernamental”. (Jamarillo López. 2004: 2). Siguiendo a este autor, la política social pública de derechos debe considerarse como un conjunto de acciones gubernamentales planificadas hacia la construcción de bienestar en términos de bien común, en relación a criterios de libertad, igualdad, de inclusión social y expansión de la ciudadanía; todo esto situado en la esfera de lo público, tutelado por el estado. ahora bien, la garantía de los desyc debe posibilitar el ejercicio de los dcyp.
De este modo, se reconoce que la concepción comunicable de lo público es fundamental para crear la gobernabilidad, legitimar el estado y las actuaciones de las instituciones públicas; es lo que se conoce como la transparencia pública. “Lo público se construye en los espacios para la deliberación, el debate y la concertación. En los lugares en donde se toman las decisiones. En los espacios educativos y de producción del saber, en los medios de comunicación y en las industrias culturales.” (Toro & Rodríguez. 2001: 30).

La participación como comunicación

Cuando se plantea el problema de la participación debe reconocerse las particularidades contextuales y, los modos diversos en los cuales podría ejercerse, que han variado consecuentemente. En este sentido, Uranga (2005) reconoce la necesidad de un desplazamiento para la constitución de un estado de derecho social: de una democracia de electores, hacia una democracia de participación; y continua diciendo: “nuestras sociedades necesitan educar y educarse en el respeto a la diferencia y para ello hay que encaminar procesos de comunicación.” (Uranga. 2005: 3). Ahora bien, Kaplún reconoce que en nuestra cultura la participación entendida como la posibilidad de ‘decidir y actuar colectivamente’ no moviliza las masas, puesto que “frente a esto la cultura clientelista tradicional ofrecía respuestas que podían parecer más eficientes.” (Kaplún. 2010: 3)
Asimismo, la crisis de lo político en la región latinoamericana, empobreció considerablemente la noción de lo público, sus modos de legitimación y las regulaciones sociales válidos en el espacio social. “Hay que trabajar en una suerte de nueva democracia de lo público, donde se redefina el espacio mismo, donde los actores encuentren modos renovados de participación, donde se generen otras formas de diálogo, negociación y construcción de consensos y donde todos y todas, sujetos y organizaciones, puedan alcanzar la visibilidad real que la democracia necesita, tanto para expresar sus demandas como para poner de manifiesto sus posiciones. Esa tarea de reconstrucción y nueva constitución de lo público tiene que hacerse, necesariamente, desde la sociedad civil.” (Uranga. 2005: 8). La pregunta ahora sería: ¿de qué modo hacer posible la intervención de la sociedad civil en ‘lo público’? ¿cómo debe ser concebida la participación en los escenarios democráticos?
Los diversos mecanismos de participación ciudadana, deben contribuir a la resolución creativa de esta problemática social “otorgando mayor dinamismo a las políticas públicas, reorganizándolas en base a las prioridades locales y recuperando sustento dentro de las necesidades de la gente”. (Uranga. 2005: 7)
Pero esta propuesta, debe contemplar necesariamente un proceso educativo que permita la reapropiación del sentido a participar y de la comunicación para el ejercicio de sus derechos. de este modo, a través de la plena participación ciudadana en el armado e implementación de sus destinos, se forjará un proceso creciente y continuo de desarrollo sostenible desde el ámbito de lo local. Uranga (2005) destaca que la comunicación y la cultura son espacios de participación y de negociación de nuevos consensos sociales y políticos; es por ello que se requiere en nuestros contextos la emergencia de propuestas alternativas de comunicación que apuntalen los desarrollos emergentes con base en lo local.
Gabriel Kaplún (2010) reconoce que el siglo XX, ha sido un ámbito de lucha por la participación. en ese contexto, el autor destaca entre los años 80 y 90 experiencias tales como la descentralización (participativa) y el llamado presupuesto (participativo). Define estas experiencias como dispositivos de comunicación, superando al mismo tiempo su definición instrumental. Se fortalecen así nuevos vínculos, y a partir de ellos, se busca producir sentidos compartidos; autopistas comunes que permitan vehiculizar el deseo de modo colectivo; es necesariamente pensar en un nosotros: una pretensión que la comunicación asumió como propia desde su génesis.[1]
si bien en la literatura organizacional, el tema de la participación se ha constituido en una “moda”, desde los intentos taylor-fordistas, la llamada “era posindustrial” y la sociedad de la información; Kaplún reconoce que los intentos aún son poco consistentes y fracasan con facilidad.
Ahora bien, “las redes facilitan la ‘interactividad’… y potencian la vigilancia. La descentralización puede ser un nuevo modo de centralizar y el empowerment un nuevo modo de hacer perder poder (Mintzberg 1996). Parecería que, tal como algunos temían, los cambios van mayoritariamente y en el ‘mejor’ de los casos, en dirección a una retaylorización informatizada, que acentúa el control en vez de la participación.” (Kaplún. 2010: 6). Ciertamente, vale mencionar al respecto que en este sentido, la participación se encuentra sujeta al acceso a las tecnologías que la permitan; y en nuestro escenario este aspecto se constituye en un nódulo central, si consideramos que “la participación implica el derecho a decidir lo que realmente importa” (Kaplún. 2010: 7).
Por tanto, se entiende por comunicación horizontal la posibilidad de constituir en el ámbito de lo público con la presencia de múltiples emisores y receptores, facilitando la emergencia de una comunicación dialógica. Romper de este modo con el modelo broadcaster y el verticalismo propio de los medios tradicionales. No olvidemos que como dice Becerra, “el proyecto de la sociedad informacional es tributario de la confianza en el progreso como ideología.” (Becerra. 2003: 3).
Con todo lo dicho anteriormente, es imposible pensar la participación fuera de las tramas sociales y culturales cotidianas, y ese es el sitio mismo de la comunicación: “las prácticas sociales, entendidas como manifestaciones de la interacción histórica de los individuos, pueden ser leídas también como enunciaciones que surgen de las experiencias de vida de los hombres y mujeres convertidos en sujetos sociales. […] complementariamente las prácticas sociales son también los no dichos, las estrategias de silencio, las resistencias. todas ellas, las enunciadas y las que no lo son, se dan en un marco de condiciones de formulación y posibilidad que le dan encuadres y marcos de referencia.” (Uranga. 2007: 1).
En este mismo sentido, este autor resalta que toda práctica social es factible de ser abordada desde una perspectiva comunicacional, aún cuando sea uno de los abordajes posibles para su estudio y no se pretenda agotar el tema de indagación: “la comunicación es constitutiva de la sociedad y por lo tanto el análisis de las prácticas sociales demanda, en el marco de la complejidad, una mirada desde la comunicación.” (Uranga. 2007: 5).
La comunicación deviene así en el sostén de la trama cultural. Sandra Massoni entiende a la comunicación como un momento relacionante de la diversidad socio cultural. Entonces, “la comunicación es un proceso que relaciona comunidades, sociedades intermedias, gobiernos y ciudadanos en la participación y toma de decisiones conjunta ante los estímulos y los factores que, de manera permanente, presenta a aquellos ambientes socio-económicos y políticos. […] Así entendida, la comunicación no está limitada a la presencia de los medios, sino que implica además una suerte de transversalidad social y la interacción dinámica de una red de relaciones de personas y grupos donde media e intervienen otros elementos, espacios, factores, contenidos, instituciones, etc. que concurren en diversas formas y manifestaciones de comunicación.” (Uranga. 2007: 5). Todo este complejo constituye lo que se denomina una ‘situación de comunicación’ (Uranga, 2007).

Superar la instrumentalidad de la comunicación

En esta línea, para la consolidación de escenarios democráticos con mayores grados de participación, es necesaria una política pública de comunicación que genere y promocione los espacios donde estas intenciones puedan realmente ser horizontales. Ahora bien, ¿de qué tipo de comunicación estamos hablando?
Se debe superar necesariamente la concepción instrumental de la comunicación, y nos sitúa ante una perspectiva política de ella. parafraseando a Martín-Barbero, la comunicación que nos hace ser ante los demás y también ante nosotros mismos. Es por ello que no puede asumirse una investigación de lo social desde la comunicación por fuera de los condicionamientos políticos y sociales que ello conlleva. En este sentido, Vizer (2003) acusa la necesidad de recuperar la noción (olvidada) de praxis. Cimadevilla (2007) piensa la comunicación como remitida a una dimensión de la realidad que nos permite advertir las relaciones sociales y la producción de significados que ella conlleva.
Siguiendo a Vizer (2003), los hombres viven y construyen sus realidades mediatizándolas por sus creencias, los imaginarios instituidos por su cultura, el lenguaje, la observación, la subjetividad y la propia acción sobre lo real; a partir de ello, se construyen las certezas sobre lo que es real y lo que no. Ahora bien, la comunicación permite reconstruir las relaciones que se establecen en la trama de la realidad social entre los hombres, la cultura y las instituciones; es por esto que la comunicación es necesariamente cultura. Héctor Schmucler conceptualiza estas nociones diciendo: “[…] la comunicación, como constituyente de lo humano, como momento de trascendencia de lo individual, de común con el otro, modifica su relación con el concepto de cultura. Deberíamos entonces hablar de una relación comunicación-cultura, es decir, de espacios semejantes y no de “comunicación y cultura”, que al unir los dos términos con una cópula presupone su diferencia. […] Pensar la comunicación como cultura” (Schmucler. 1997: 113). En este sentido, Uranga (2007) sostiene que esta perspectiva de abordaje de los procesos sociales desde la comunicación implica situar su estudio en el terreno de la cultura; pero al mismo tiempo, permite abandonar las seguridades de las disciplinas propiamente dichas. “Así se puede decir que cada sujeto es por sí mimos, por su individualidad, pero es, al mismo tiempo, en cuanto sujeto hablado por la cultura de su tiempo, por su historia, por su espacio: sujeto expresado a través de una puesta en escena en la vida social. Los sujetos involucrados en dichas prácticas aparecerán entonces atravesados por dimensiones contextuales culturales, históricas, económicas, sociales y jurídicas y solamente a partir de la comprensión de estas dimensiones se los puede entender en toda su complejidad.” (Uranga. 2007: 10).
Entonces, el estudio de las prácticas sociales (y de la participación misma) desde este posicionamiento implica pensar el complejo entramado entre sujeto, tiempo y espacio. Schmucler (1997) señala al mismo tiempo que las nuevas tecnologías para el manejo de la información aceleran la tendencia a la homogeneización, afectando las nociones mismas de tiempo y espacio sobre las que se arraigó nuestra cultura. En este mismo sentido, Becerra (2003) sostiene que el proyecto de ‘sociedad de la información’ se asienta sobre el agotamiento de las estrategias de crecimiento y la consecuente modificación de estrategias; converge, asimismo con el salto tecnológico; todo esto, deviene en “la exaltación de los valores de progreso y prosperidad que este proyecto debería perseguir como objetivos.” (Becerra. 2003: 3).
Estas nociones, son heredadas del optimismo moderno, de las ciencias llamadas positivas y de la ilustración, que proclamaban un mayor bienestar en la materialización del progreso. “Una de las lógicas fundantes de este pensamiento es la asociación mecánica entre el progreso, el bienestar y la ausencia concomitante de conflicto, que es un resultado deseado del paradigma positivista.” (Becerra. 2003: 4). Es por ello que la ausencia de conflicto se corresponde con un modelo de sociedad ideal, en el cual los diferentes niveles de acceso a los bienes y servicios se asocia con un problema individual de adaptación; siendo una de las principales ilusiones que “la comunicación no sólo reduciría los tiempos y los espacios geográficos […] sino también las distancias sociales. un proyecto encomiable en el que, sin embargo, la crítica a la ideología del progreso no es habilitada como legítima:” (Becerra. 2003: 4). Claramente, esta ideología se asienta sobre el perfil libremercadista, y desde esta perspectiva, el mercado no facilita la participación sino el consumo; no propone igualdad, sino que acrecienta las diferencias.
Allí radica la importancia de considerar la participación social como un proceso esencialmente comunicativo y superar la concepción meramente instrumental de la comunicación y su dimensión difusionista. A este respecto, Rosa María Alfaro invita a pensar la comunicación “como el conjunto de relaciones vivas construida de manera directa o mediática, destacando su nuevo rol configurativo de la esfera pública” (Alfaro Moreno. 2000: 1), y por tanto, sitúa a la comunicación como “el lugar de los procesos de transformación.”
Asimismo, Sandra Massoni sostiene que debe investigarse a la comunicación “como espacio de encuentro de las alteridades socioculturales. nuestras investigaciones se proponen un recorte específicamente comunicacional en la interpelación de los procesos socioculturales. por tanto son una indagación de las formas y los modos de las conversaciones de los actores relevantes en un espacio social en torno a diversas problemáticas como un proyecto de comprensión de la alteridad que aporte a hacer emerger sentidos nuevos a partir de la constitución de un cambio social conversacional.” (Massoni. 2005: 1). Es por ello que conocemos en relación, con y por los otros, en tanto que el sujeto ya no se piensa como intraindividual sino como sociocultural. Esto supone un desplazamiento de una concepción lineal, hacia las mediaciones sociales. […] “Sostenemos que la mediación es un autodispositivo colectivo operando en el espacio comunicacional. La mediación enactúa. no es previamente simbólica o material, sino acción encarnada y por lo tanto encarnación también de la particular tensión que lo simbólico y lo material adoptan en la situación que se está analizando.” (Massoni, S. 2005: 10).
De este modo, la comunicación es una cuestión de sujetos en relación, constitutiva de un vínculo participativo en escenarios democráticos y en el cual se reviste de considerable importancia no sólo los actores sociales más consolidados en el ámbito de lo público, sino también la comunidad y la acción colectiva. la consideración de estos fundamentos constituyen un aporte concreto de la comunicación a la construcción de políticas públicas, pero al mismo tiempo fija y establece nuevos roles y responsabilidades del comunicador social en el espacio público contemporáneo y con la ciudadanía.

Escenarios, territorios y cartografías

Construir escenarios factibles de participación social emancipadora de los sujetos y constituyente de un paradigma real de acción pública -en términos de estado-, supone la apropiación del sentido a participar por parte de la ciudadanía. Incluso, plantear el tema de la participación social en términos de “mediaciones”, aporta una mirada comunicacional del tema involucrando las matrices culturales; asimismo implica no negar el conflicto, sino asumirlo como intrínseco a la dimensión social.
Alfaro describe el escenario actual como una época en la que los sujetos son replegados hacia sí mismos en medio de un proyecto de desterritorialización (sin fronteras) y, consecuentemente de hibridación de las culturas. (Alfaro Moreno, 2000). En consideración con esto, se reconoce que “no es la mera intervención externa la que modifica el escenario, sino que hay participaciones diferenciadas de actores también diversos que inciden sobre la trama social de acuerdo a competencias, habilidades y a saberes diferentes” (Uranga. 2007: 20).
Ahora bien, el lugar en que la intervención se desarrolla se conoce como ‘escenario’. “Los escenarios de la intervención en lo social se hallan dentro de diferentes territorios que los contienen y son atravesados por disímiles formas de inscripción de los problemas sociales. las inscripciones, en tanto marcas objetivas y subjetivas de éstos pueden ser analizadas desde diferentes expresiones de las ‘cartografías sociales’. Desde el proceso de intervención se construyen diferentes diálogos entre cartografías, escenario, y territorio. estos intercambios derivan en formas diversas de producción de subjetividades. La subjetividad, desde esta perspectiva, se construye y de-construye en un movimiento que se expresa en el propio devenir de la cultura, de la cotidianeidad, de una compleja trama móvil de significaciones, signada, en este caso por la noción de problema social, que en definitiva convoca a la intervención” (Carballeda. 2011: 1- 2). Esto deviene en diversas formas de relación con el otro, con el contexto, el mismo escenario, el territorio y las cartografías sociales. Supone el territorio como lugar de lo real, lo imaginario y lo simbólico; barreras que se van redefiniendo en constante dinamismo, caracterizándose por la heterogeneidad en su manifestación. En otro trabajo anterior denominado “Comunicación y desarrollo. Una mirada desde el enfoque de derechos en la integración latinoamericana” (2014) intentamos reflexionar sobre los procesos de participación social de los territorios atravesados por las prácticas discursivas acerca de la comunicación y el desarrollo.

Individuos, sujetos y ejercicios ciudadanos

La práctica ciudadana nombra el ejercicio de deberes y derechos de los individuos en relación con el estado, y al mismo tiempo “un modo específico de aparición de los individuos en el espacio público caracterizado por su capacidad de constituirse en sujetos de demanda y proposición respecto de diversos ámbitos vinculados con su experiencia. Es decir, por su capacidad de intervenir en el espacio público tratando de revertir esas apropiaciones de derechos y posibilidades. Una ampliación de la noción de ciudadanía que como indica Martín Hopenhayn (2005) “permite pasar del individuo como sujeto privado y libre de acción, al individuo como forjador de proyectos”.” (Mata. 2006: 8).
En esta línea, Mata sostiene que la ciudadanía comunicativa presenta niveles diferenciados; la “ciudadanía comunicativa formal”, la “ciudadanía comunicativa reconocida” y la “ciudadanía comunicativa ejercida”; este último nivel se asocia a quienes desarrollan prácticas sociales reivindicatorias de dichos derechos. Finalmente, la “ciudadanía comunicativa ideal” se plantea como utopía o meta alcanzable en vinculación con los procesos de transformación y democratización de las sociedades. (Mata,  2006). Ahora bien, la consolidación de esta ciudadanía comunicativa es producto necesariamente de relaciones entre actores en pugna que presentan ejercicios diferenciados del poder. esto implica reconocer que el ejercicio de esa condición debe vincularse con aspectos jurídicos, con las condiciones económicas y políticas de cada coyuntura particular y con las condiciones culturales que la posibilitan o limitan. definida de este modo, la comunicación es necesariamente un proceso de interacción, encuentro y participación generador de construcción social. Implica no sólo conocer los derechos sino también reconocerse como titulares de ellos.
Existen derechos que tienen como objetivo regular la producción, circulación y acceso a la información (que se entienden como derecho a la comunicación); pero resultan “insuficientes para garantizar el libre intercambio de ideas, las posibilidades de igualdad en la producción, circulación y acceso e incluso resultan escasos […] sobre todo, aparecen como limitados y limitantes para propiciar la participación y la representación de la pluralidad de voces en escenarios complejos y democráticos, para fomentar la constitución de espacios de espacios públicos representativos de lo social. En este escenario resulta esencial reconocer el derecho a la comunicación.” (Vargas & Zapata. 2010: 33). Así, el derecho a la comunicación habilita el ejercicio de otros derechos y sólo es posible en un espacio democrático.
Si bien la ONU ha reconocido la importancia de la comunicación como un factor determinante para el desarrollo de los pueblos, “[…] en los hechos observamos que el concepto y la aplicación práctica del derecho a la comunicación se vieron restringidos, históricamente, a los derechos a la libertad de prensa, de información y la libre expresión.” (Vargas & Zapata. 2010: 34). Siguiendo a Vargas y Zapata, el derecho a la comunicación se encuentra entre los derechos de tercera generación de los DDHH. De este modo, en el contexto de la ‘sociedad de la información’ el derecho a la comunicación se fundamenta en la necesidad de garantizar equivalentemente a todas las personas la posibilidad de acceder y producir información y conocimiento. Es una garantía ciudadana que posibilita el acceso a las fuentes de información, a producir información y conocimiento y a su difusión; generar espacios y medios de comunicación propios, comunitarios-ciudadanos. Es por ello, que su ejercicio “no puede depender de las condiciones materiales de los sujetos para acceder o producir información y su protección no puede estar subordinada a las tendencias del mercado” (Vargas & Zapata. 2010: 40). Esta concepción, implica un desplazamiento desde la perspectiva liberal e individualista hacia la consolidación de un estado de derecho, puesto que es el derecho que permite garantizar que los sujetos puedan ejercer la comunicación para conseguir sus metas en las esferas económica, política, social y cultural. Libre acceso y producción de información para promover la participación democrática, el ejercicio de la ciudadanía,  la igualdad de oportunidades, etc. Es por ello que los destinatarios son los sujetos de derecho; se regula la relación entre el estado y los ciudadanos, y entre los ciudadanos entre sí. Vargas y Zapata vinculan estrechamente el derecho a la comunicación con el pluralismo cultural y la participación democrática.
Al mismo tiempo, cabe señalar que si bien la comunicación conserva en sí misma un valor significativo en sí misma para propiciar el derecho a la información, para empoderar, promover la acción y generar participación, no basta sólo con ella. Ahora bien, si la comunicación es un servicio público, “su regulación y ordenamiento tiene que estar sometido a la decisión ciudadana y no puede quedar librada simplemente al juego de intereses económicos. lo novedoso, seguramente, es que al revisar la idea de lo público admitiendo que este concepto está vinculado al ‘bien común’ y que éste es responsabilidad del conjunto de los actores sociales, las políticas nacionales de comunicación tienen que ser construidas por el complejo multisectorial y multiactoral de quienes ejercen responsabilidad sobre lo público. […] De ello tiene que ser garante el Estado y partícipe todos los sectores y todos los actores sociales.” (Uranga. 2005: 10).
Sin embargo, en nuestro país durante muchos años la comunicación se reguló de acuerdo con los parámetros de la doctrina de la seguridad social por medio de la ley de radiodifusión. Al mismo tiempo, diversas reglamentaciones favorecieron la concentración económica en los medios de comunicación. a pesar de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, aun hoy existe un mercado de producción, distribución y consumo de los derechos comunicativos-culturales que resulta hegemónico como instancia de organización de los espacios simbólicos.

Consideraciones finales. La participación social como generadora de movilización social

Concebir la comunicación como la movilizadora social supone apartarse de las visiones instrumentales de la misma, en la medida en que está orientada a la construcción de la democracia, la participación ciudadana y la construcción de lo público; como puede entenderse estas son las ideas que atraviesan el presente ensayo. Por tanto, “una cosmovisión democrática lleva a tomar decisiones comunicativas que favorezcan la inclusión, la participación, la transparencia, el debate público, la libertad de expresión y la diversidad cultural.” (Toro & Rodríguez. 2001: 5).
Es por ello que entendemos de sobremanera la necesidad de una educación entendida como un proceso de comunicación privilegiado, para generar espacios de desarrollo significativo para nuestra región, que garanticen un estado social de derecho. Este proyecto de desarrollo, conlleva entender los procesos sociales como esencialmente comunicativos generadores de participación, gobernabilidad y amplios espacios públicos. “Se entiende aquí la comunicación como un momento constitutivo de la producción cultural, en cuanto los procesos comunicativos (sistemáticos o no) al hacer circular, competir y colectivizar sentidos, concepciones y significaciones, contribuyen a transformar los conocimientos, las actitudes y los valores frente a la vida. […] Se entiende aquí lo cultural como el conjunto de procesos de producción colectiva de sentido, de significaciones y concepciones representadas en formas simbólicas, con las cuales los hombres y las mujeres comunican, perpetúan y desarrollan (transforman) su conocimiento, sus actitudes y valores frente a la vida en todas sus esferas.” (Toro & Rodríguez. 2001: 14).
Ahora bien, ¿qué entienden los autores por movilización? En términos generales, “se entiende como la convocación de voluntades para actuar en la búsqueda de un propósito común bajo una interpretación y un sentido compartidos.” (Toro & Rodríguez. 2001: 15). Y se caracteriza por ser un acto de libertad, en tanto se movilizan las voluntades es un acto de pasión, público y fundamentalmente, de participación.
Este posicionamiento nos aleja al mismo tiempo de las doctrinas de ‘seguridad nacional’ que entienden la movilización como ‘peligro’ o ‘desestabilización’. Por el contrario, consideramos que la ‘movilización social’es un término que designa la congregación de personas y recursos, en vistas a la transformación de la realidad; dando respuesta a las demandas de participación diaria en la vida política cotidiana. En su texto Comunicación y procesos de movilización para la transformación social, Márcio Simeone Henriques considera que “la participación no se limita simplemente a la presencia institucionalizada en foros de diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Para que esto ocurra, la participación debe emerger desde una organización de los ciudadanos en la cual, por iniciativa propia, propongan temas de interés colectivo y acerquen las personas y los recursos en torno a las causas de interés común.” (Henriques. pp. 3).
Siguiendo a estos autores, resulta complejo discriminar comunicación de la noción misma de movilización social, puesto que una involucra a la otra necesariamente. pero al mismo tiempo, Henriques destaca que deben considerarse los objetivos que se anuncian como comunes y al mismo tiempo, la generación de una responsabilidad compartida entre los sujetos en relación a un problema de interés público, colocado en un ámbito colectivo. fundamentalmente, en un proyecto movilizador la comunicación genera una cierta identidad del grupo, un sentido de pertenencia, un reconocimiento del proyecto y de la causa; pero al mismo tiempo, permite la visibilidad del tema vinculado a la condición pública: “ninguna causa social es sostenida sin la composición de las razones que la justifiquen, sin la exposición pública de estas razones y sin un argumento que pueda convencer a los demás que la cuestión se refiere a algo: (a) concreto; (b) de interés público; (c) con viabilidad de producir resultados, y (d) que se abre a valores más amplios.” (Henriques. pp. 5). Se reconoce a la visibilidad como un recurso escaso, puesto que su distribución es desigual. en este aspecto, cobra nuevamente especial importancia la comunicación en su aspecto político, tal como lo abordamos anteriormente.
Se trata al  mismo tiempo de reaprender el sentido de la democracia como gobierno del pueblo, y ese proceso debe ser encabezado desde la perspectiva de la comunicación para el desarrollo, con un enfoque que propicie la educación desde la comunicación. Esto alude al cuarto nivel que plantea Fuentes Navarro, acerca de “las competencias necesarias para operar la comunicación educativamente, es decir, para hacer participar a los sujetos sociales, consciente e intencionadamente, en la transformación de sus condiciones concretas de existencia a través de la apropiación crítica de sus prácticas mediante la comunicación. Este nivel es el que con mayor consistencia puede relacionar las prácticas profesionales de comunicación con los procesos de transformación social que puedan hacer vigentes, en ámbitos determinados, ciertos valores contrahegemónicos.” (Fuentes Navarro. 1991: 6).
Uranga (2004) entiende que “no hay democracia sin comunicación democrática. y a la inversa: no hay comunicación democrática sino en el marco de la democracia. Ambas se necesitan mutuamente y se construyen de manera conjunta en el quehacer de los pueblos y de las culturas.” (Uranga. 2004: 11). Es por ello que una verdadera comunicación democrática se apoya en el acceso pero también en la participación necesaria de los ciudadanos en lo público. En este sentido, “la tarea de los comunicadores hoy está estrechamente ligada a la consolidación de la participación y a la construcción de una nueva ciudadanía, que exprese las demandas pero también los sueños y las utopías de muchos sectores sociales que hoy no consiguen hacerse visibles en nuestras sociedades.” (Uranga. 2004: 19).
Distintos autores latinos han postulado en su literatura la fórmula de la “comunicación participativa para el cambio social”; se trata de abandonar el modelo de cambio de conducta propio del colonialismo y del despotismo ilustrado por otro basado en la participación y el consenso capaz de enmarcar los debates en una forma y en un lenguaje que no sean excluyentes. Lo que exige incorporar y dar a los actores locales el espacio público necesario y la posibilidad de formular sus propias agendas para el cambio. La comunicación para el cambio social es, un proceso esencialmente participativo, que construye el consenso a partir del disenso sociocultural. parte de reconocer que la sociedad es un espacio de concertación entre diferentes grupos que perciben y actúan de maneras distintas porque funcionan desde matrices socioculturales diferentes. En este sentido, el comunicador en vez de negar esta diversidad, ha de recuperarla, porque es desde allí que podrá trabajar en la articulación de los distintos intereses en función de un objetivo. (Pérez, 2004).
De lo que se trata en definitiva es de “movilizar a nuestras sociedades en procura de la construcción de lo público. Y […] cómo movilizar a nuestras sociedades hacia la construcción de lo público democrático.” (Jamarillo López. 2004: 4).
Me gustaría cerrar este ensayo, recuperando las palabras de Gabriel Kaplún; las que considero más que como una expresión de deseo, como un mapa de la comunicación para desandar el campo de lo público:

“Creo entonces que para impulsar transformaciones profundas en direcciones más
democráticas e igualitarias precisamos
desmitificar
deconstruir
a veces descartar
y otras repensar y reconstruir
algunas de nuestras ideas sobre
el desarrollo
la ciencia y la tecnología
la sociedad civil
las ongs y los proyectos
la planificación
y las redes.
Y, en medio de todo eso, repensar la comunicación.” (Kaplún. 2004 : 14)

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[1] “El sentido original de la palabra comunicación puede rastrearse en sus raíces latinas: communis (común) es raíz de communicare (sinónimo de comulgar, con el significado de participar en común, poner en relación) y de sus derivados communio-onis (comunión) y communicatio-onis (comunicación). […] “Hasta el siglo XVI, los términos ‘comunicar’ y ‘comunicación’ están, pues, muy próximos a ‘comulgar’ y ‘comunión’, términos más antiguos (siglos X-XII) pero procedentes también de communicare. […] En el siglo XVI aparece (en francés) el sentido de ‘practicar’ una noticia. Desde entonces hasta fines del siglo, ‘comunicar’ comienza a significar también ‘transmitir’ (una enfermedad, por ejemplo)”  (Cortes. 2001: 6).

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